Un informe del diario chileno La Tercera, revela hechos preocupantes para la iglesia evangélica chilena el pasado 15 de enero recibió Leonardo Bustos Paredes, pastor evangélico de la comuna de María Pinto, en la Región Metropolitana, tras comprobarse que abusó sexualmente de una menor de 13 años entre 2016 y 2017.
“Aprovechándose de su calidad de pastor evangélico realizó actos de significación sexual en la víctima”, dijo el juez Álvaro Mardones, quien lo condenó a 300 días de cárcel, imposibilidad perpetua para trabajar con menores de edad y una vigilancia hacía él por 10 años.
Aunque en los últimos meses los casos de delitos sexuales cometidos por religiosos se han centrado en miembros de la Iglesia Católica, también ocurre en las iglesias evangélicas y protestantes. Según el Censo de 2012, un 16,4% de los chilenos profesa esta religión, la segunda más importante del país.
Un análisis realizado por La Tercera identificó 42 causas penales iniciadas en la última década contra líderes de estas organizaciones religiosas. A diferencia de lo que ocurre con los delitos cometidos en la Iglesia Católica, el Ministerio Público no cuenta con fiscales preferentes o exclusivos para indagar estos casos y tampoco los agrupa de manera diferenciada en sus registros internos a nivel país. El análisis de casos evidenció que, a la fecha, casi un 60% de los casos denunciados contra religiosos evangélicos o protestantes terminó en condena
Claudio Enrique Salgado Morales, un ex obispo evangélico, fue buscado por seis años por la policía por su presunta participación en un delito sexual contra un menor en 2012, en Talca. El 4 de junio de 2018, Carabineros (policía chilena) lo detuvo en La Serena.
Otro caso que encendió el debate dentro de la Iglesia fue el que afectó a la diputada Érika Olivera (Ind.), quien en julio de 2016 denunció a su padrastro, un pastor evangélico, por delitos de connotación sexual. La Fiscalía Sur indagó el caso, pero tras acreditar que los hechos ocurrieron antes del inicio de la Reforma Procesal Penal, en 2005, envió el caso al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, el 3 de febrero de 2017. La jueza Natalia Lillo tomó la causa, que seguiría vigente.
Para el obispo Emiliano Soto, presidente de la mesa ampliada de entidades evangélicas y protestantes, los casos preocupan a la comunidad y se ha acordado llevar estas situaciones directamente a la justicia. Remarca que, al contrario de la Iglesia Católica, “nosotros no tenemos un sistema de derecho canónico o infraestructura legal que pueda dar protección a algún pastor”.
Cristián Nieto, director de comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, dice que “preocupan estos casos, porque, aunque sean cifras bajas, no deberían existir. No deberíamos tener este tipo de conflictos, ya que nuestros pastores son casados, por lo que tienen una vida sexual activa”. Agrega que “nuestra obligación es defender a la feligresía que va a una iglesia o templo, que tiene a su pastor como guía espiritual. Para nosotros es preocupante este tema y haremos todo lo posible para evitar y denunciar cuando corresponda, sin encubrimiento”.
Aunque más del 75% de las iglesias cristianas son pentecostales, es decir locales y autónomas, también están las iglesias protestantes históricas como anglicanos, luteranos o presbiterianos, que cuentan con autoridades fuera del país.
Para Alfred Cooper, excapellán de La Moneda y obispo de la Iglesia Anglicana de Chile, cuando se detecta un hecho de esta naturaleza la primera medida que se adopta es incentivar a la víctima a denunciar el caso a la justicia. Tras ello, dice, separan al pastor investigado e inician un caso paralelo: “Eso asegura que el caso sea serio y también para darle el realce que merece. El pastor es removido de su cargo mientras se realiza la investigación”.
Fuente: La Tercera de Chile
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