Acompañados por abogados, los evangélicos presentaron en Tuxtla Gutiérrez un recuento de los actos de intolerancia religiosa.
Representantes de iglesias evangélicas en Chiapas pidieron al gobierno federal que detenga las expulsiones y violaciones a los derechos humanos contra sus feligreses por parte de católicos tradicionalistas.
El obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, se deslindó de ”los llamados católicos tradicionalistas, que no dependen de nuestra diócesis, que no toman en cuenta la Biblia ni las leyes del país, sino que se rigen por sus propios acuerdos y tradiciones”.
Acompañados por abogados y líderes religiosos de Chiapas y de otras partes del país, los evangélicos presentaron este miércoles en Tuxtla Gutiérrez un recuento de los actos de intolerancia religiosa en la entidad y de la ”pasividad del gobierno mexicano y de los gobiernos locales”.
Oscar Moha, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos en Chiapas, dijo tener al menos 200 denuncias ”que dan cuenta de la violación de los derechos más elementales de miembros de nuestras iglesias, desde amenazas, intimidación y robo hasta la expulsión de sus comunidades o la muerte”.
Consideró que autoridades locales y federales encubren el problema, lo atribuyen a ”usos y costumbres” o de plano declaran inexistentes las agresiones, y advirtió que iniciarán ”acciones de resistencia civil” si las autoridades se niegan a intervenir.
Fuente: La Jornada
Representantes de iglesias evangélicas en Chiapas pidieron al gobierno federal que detenga las expulsiones y violaciones a los derechos humanos contra sus feligreses por parte de católicos tradicionalistas.
El obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, se deslindó de ”los llamados católicos tradicionalistas, que no dependen de nuestra diócesis, que no toman en cuenta la Biblia ni las leyes del país, sino que se rigen por sus propios acuerdos y tradiciones”.
Acompañados por abogados y líderes religiosos de Chiapas y de otras partes del país, los evangélicos presentaron este miércoles en Tuxtla Gutiérrez un recuento de los actos de intolerancia religiosa en la entidad y de la ”pasividad del gobierno mexicano y de los gobiernos locales”.
Oscar Moha, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos en Chiapas, dijo tener al menos 200 denuncias ”que dan cuenta de la violación de los derechos más elementales de miembros de nuestras iglesias, desde amenazas, intimidación y robo hasta la expulsión de sus comunidades o la muerte”.
Consideró que autoridades locales y federales encubren el problema, lo atribuyen a ”usos y costumbres” o de plano declaran inexistentes las agresiones, y advirtió que iniciarán ”acciones de resistencia civil” si las autoridades se niegan a intervenir.
Fuente: La Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario