Radio Milagro

Cinismo de pastores: piden las depositen los diezmos por cuarentena a los fieles para no quedarse sin recursos. Uno de ellos es Miguel Arrázola,  líder de la iglesia cartagenera Ríos de Vida y famoso por convertirse en uno de los promotores civiles más visibles durante la campaña de oposición al plebiscito por la paz en aquel país.

En un video le pidió  a los fieles no dejar de enviar sus diezmos para que estuvieran protegidos contra el coronavirus. Junto a su esposa María Paula Arrázola, aparece invitan a que “sigamos dando nuestros diezmos y sus ofrendas. Ofrezcan siempre al señor”.

Le habló a la grey de sus  cultos  virtuales pero que eso “no debía ser impedimento para que siguieran haciendo llegar sus ofrendas”, detallando toda una serie de canales remotos por los que podían dar el dinero, desde trasferencias a las cuentas bancarias o por medio de la página web de la iglesia Ríos de Vida.

Fuente. paradigma.live

Acompañados por abogados, los evangélicos presentaron en Tuxtla Gutiérrez un recuento de los actos de intolerancia religiosa.

Representantes de iglesias evangélicas en Chiapas pidieron al gobierno federal que detenga las expulsiones y violaciones a los derechos humanos contra sus feligreses por parte de católicos tradicionalistas.

El obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, se deslindó de ”los llamados católicos tradicionalistas, que no dependen de nuestra diócesis, que no toman en cuenta la Biblia ni las leyes del país, sino que se rigen por sus propios acuerdos y tradiciones”.

Acompañados por abogados y líderes religiosos de Chiapas y de otras partes del país, los evangélicos presentaron este miércoles en Tuxtla Gutiérrez un recuento de los actos de intolerancia religiosa en la entidad y de la ”pasividad del gobierno mexicano y de los gobiernos locales”.

Oscar Moha, presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos en Chiapas, dijo tener al menos 200 denuncias ”que dan cuenta de la violación de los derechos más elementales de miembros de nuestras iglesias, desde amenazas, intimidación y robo hasta la expulsión de sus comunidades o la muerte”.

Consideró que autoridades locales y federales encubren el problema, lo atribuyen a ”usos y costumbres” o de plano declaran inexistentes las agresiones, y advirtió que iniciarán ”acciones de resistencia civil” si las autoridades se niegan a intervenir.

Fuente: La Jornada