Parlamento prohíbe el homosexualismo con penas de cárcel y multas
El Parlamento de Burkina Faso ha aprobado esta semana, por unanimidad, una ley que criminaliza la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión y multas significativas, sumándose así a la lista de países africanos que refuerzan legislatívamente las restricciones contra la comunidad LGBT.
La reforma al código de familia fue presentada por el gobierno del capitán Ibrahim Traore y entrará en vigor de inmediato. Bajo la nueva normativa, cualquier persona involucrada en “prácticas homosexuales o similares, o cualquier comportamiento extraño” será llevada ante la justicia, según explicó el ministro de Justicia Edasso Rodrigue Bayala. En el caso de extranjeros condenados, la ley contempla la expulsión del país.
Las autoridades explican que la iniciativa es un intento de fortalecer “los valores del matrimonio y la familia” en Burkina Faso, encuadrándola en la defensa de la identidad cultural y moral frente a comportamientos percibidos, por sectores conservadores, como ajenos a la tradición nacional.
La medida no es aislada: Burkina Faso se une así a más de la mitad de los países africanos—como Senegal, Uganda y Malaui—donde la homosexualidad está prohibida y penada por ley, en muchos casos con castigos aún más severos. Estos marcos legales suelen recibir críticas por parte de la comunidad internacional, que denuncia violaciones a los derechos humanos y a la libertad personal.
El debate sobre la homosexualidad en África está profundamente influido por factores políticos, religiosos y culturales. Mientras los defensores argumentan proteger a la familia y valores autóctonos, organizaciones de derechos humanos condenan lo que consideran criminalización de la diversidad y llaman al respeto de la dignidad y derechos fundamentales de toda persona.
En Burkina Faso, el movimiento internacional LGBT ha sido calificado de “extremista” y se inspira en posiciones como la de Rusia, donde está formalmente prohibido.
A nivel internacional, la ley de Burkina Faso reaviva el debate entre soberanía nacional y responsabilidad universal en el respeto y promoción de los derechos humanos, especialmente en áreas de sexualidad, religión y cultura.
Fuente: bibliatodo.com
