Radio Milagro

Una cristiana conversa de 65 años en Irán ha sido encarcelada por "actuar contra la seguridad nacional" y por presunta "propaganda contra el sistema".

Mahrokh Kanbari fue sentenciada a un año de prisión después de aparecer en la Corte Revolucionaria Islámica de Karaj, informa el grupo de ayuda International Christian Response.

Kanbari fue arrestada por agentes de inteligencia iraníes en su casa en la noche buena el año pasado. El grupo de ayuda informa que, en este momento, su Biblia y otros artículos cristianos le fueron confiscados.

Fue puesta en libertad bajo fianza, pero en enero de este año, fue acusada de actuar contra la seguridad nacional del país y le dijeron que viera a un líder religioso para volver a la fe musulmana.

Kanbari es la última de una larga lista de cristianos encarcelados por su fe en Irán.

El país de mayoría musulmana ocupa el noveno lugar en la Lista Mundial de Vigilancia de Puertas Abiertas por la persecución de los cristianos y tiene una larga historia de arresto de miembros de iglesia y pastores.

"Difundir propaganda contra el régimen" es una acusación común. En mayo, los tribunales iraníes confirmaron las penas de prisión de los conversos cristianos Saheb Fadaie y Fatemeh Bakhteri, ambos declarados culpables de este cargo.

Fadaie fue sentenciada a 18 meses de prisión y dos años en el exilio interno en Nehbandan, un área remota cerca de la frontera con Afganistán, mientras que Bakhteri fue sentenciado a 12 meses.

Ambos estaban involucrados en casas-iglesias. Al pronunciar las sentencias en septiembre pasado, el tribunal comparó las discusiones sobre la doctrina cristiana en las iglesias en las casas con un ataque contra el islam, según Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Luego de que sus apelaciones fueron desestimadas, la directora ejecutiva de CSW, Mervyn Thomas, dijo que las sentencias eran "ilustrativas de la intensificada campaña de represión que ha visto a los cristianos recibir cargos y sentencias excesivas simplemente por manifestar su religión en privado y en comunidad con otros".

"Muchos más están siendo castigados por adoptar una religión de su elección, que está protegida por el Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Irán es parte", dijo.

"Además, la designación efectiva de la doctrina cristiana como un ataque contra el islam equivale a la criminalización de la fe cristiana".

Fuente: cbn.com

Líderes pro vida de El Salvador se sumaron a las críticas de la Fiscalía General de la República contra el fallo de una corte salvadoreña, que dispuso recientemente la libertad de una mujer que asesinó a su hijo recién nacido.

El 20 de mayo, el juez Martín Rogel Zepeda, del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, anuló la sentencia de 40 años que pesaba contra María Teresa Rivera desde 2011, por asesinar a su bebé recién nacido en su casa.

El caso de Rivera, como parte de la campaña “Las 17”, fue manipulado por las organizaciones promotoras del aborto en El Salvador desde 2014 para alentar la legalización de esta práctica en el país. Entre ellas están la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, financiada por Planned Parenthood, y Amnistía Internacional.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de la vida en El Salvador coinciden con las autoridades locales en que ninguno de los 17 casos presentados en esa campaña es un aborto, sino que fueron asesinatos posteriores al parto.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador anunció el 20 de mayo que apelará el fallo que liberó a María Teresa Rivera, pues “no tiene duda de los hechos que fueron vertidos en el juicio y que fueron confirmados por la Cámara y la Sala de lo Penal fueron lo que realmente sucedió”.

En un comunicado, la FGR reiteró su acusación de que Rivera “intencionalmente cortó el cordón umbilical a su bebé de unas 28 semanas de gestación, para luego lanzarlo con vida a la fosa séptica”.

“La fiscal del caso manifestó que la prueba testimonial, pericial y documental había establecido la autoría del delito de Rivera contra su hijo”, dijo la fiscalía.

En declaraciones a ACI Prensa, Carla Varaona de Lacayo, presidenta de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, reiteró que la mujer recientemente liberada “nunca fue procesada por aborto”, como han difundido los promotores de la legalización de esta práctica, y explicó que en ese país “no existe una pena de 30 o 40 años por aborto provocado”.

“Aunque siempre es un crimen, la pena por esta causa es de 2 a 8 años de cárcel y muchísimo menos por aborto espontáneo. No hay pena por esta causa”.

Varaona de Lacayo advirtió que la liberación de Rivera “es parte de una estrategia más del lobby abortista y otras ONGs internacionales para poder legalizar el aborto en El Salvador, ya que nuestra constitución defiende y respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

“Un país que tiene el aborto como parte de los derechos humanos, es un estado que va en decadencia y encaminado al suicidio, es una sociedad fracasada, que además le da la espalda a la mujer”, señaló.

Por su parte, Sara Larín, presidenta del movimiento VIDA SV, indicó que el caso de Rivera es instrumentalizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para “provocar una nueva bomba mediática en torno al aborto en El Salvador”.

“Las feministas insisten en vender el caso como aborto espontáneo, han dicho a la prensa internacional que Teresa fue condenada a 40 años de cárcel por sufrir una ‘complicación obstétrica’”.

Larín advirtió además que Martín Rogel Zepeda, el juez que otorgó la libertad a María Teresa Rivera, “ya había trabajado en conjunto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para liberar a una mujer condenada por infanticidio”.

Para la presidenta de VIDA SV, resulta “evidente que Teresa obtuvo libertad por razones políticas y no por verdadera justicia”.

Fuente: ACI Prensa