salvadoreña
mayo 27, 2016
Critican fallo que liberó a mujer encarcelada por asesinar a su bebé
Líderes pro vida de El Salvador se sumaron a las críticas de la Fiscalía General de la República contra el fallo de una corte salvadoreña, que dispuso recientemente la libertad de una mujer que asesinó a su hijo recién nacido.
El 20 de mayo, el juez Martín Rogel Zepeda, del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, anuló la sentencia de 40 años que pesaba contra María Teresa Rivera desde 2011, por asesinar a su bebé recién nacido en su casa.
El caso de Rivera, como parte de la campaña “Las 17”, fue manipulado por las organizaciones promotoras del aborto en El Salvador desde 2014 para alentar la legalización de esta práctica en el país. Entre ellas están la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, financiada por Planned Parenthood, y Amnistía Internacional.
Sin embargo, las organizaciones defensoras de la vida en El Salvador coinciden con las autoridades locales en que ninguno de los 17 casos presentados en esa campaña es un aborto, sino que fueron asesinatos posteriores al parto.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador anunció el 20 de mayo que apelará el fallo que liberó a María Teresa Rivera, pues “no tiene duda de los hechos que fueron vertidos en el juicio y que fueron confirmados por la Cámara y la Sala de lo Penal fueron lo que realmente sucedió”.
En un comunicado, la FGR reiteró su acusación de que Rivera “intencionalmente cortó el cordón umbilical a su bebé de unas 28 semanas de gestación, para luego lanzarlo con vida a la fosa séptica”.
“La fiscal del caso manifestó que la prueba testimonial, pericial y documental había establecido la autoría del delito de Rivera contra su hijo”, dijo la fiscalía.
En declaraciones a ACI Prensa, Carla Varaona de Lacayo, presidenta de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, reiteró que la mujer recientemente liberada “nunca fue procesada por aborto”, como han difundido los promotores de la legalización de esta práctica, y explicó que en ese país “no existe una pena de 30 o 40 años por aborto provocado”.
“Aunque siempre es un crimen, la pena por esta causa es de 2 a 8 años de cárcel y muchísimo menos por aborto espontáneo. No hay pena por esta causa”.
Varaona de Lacayo advirtió que la liberación de Rivera “es parte de una estrategia más del lobby abortista y otras ONGs internacionales para poder legalizar el aborto en El Salvador, ya que nuestra constitución defiende y respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
“Un país que tiene el aborto como parte de los derechos humanos, es un estado que va en decadencia y encaminado al suicidio, es una sociedad fracasada, que además le da la espalda a la mujer”, señaló.
Por su parte, Sara Larín, presidenta del movimiento VIDA SV, indicó que el caso de Rivera es instrumentalizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para “provocar una nueva bomba mediática en torno al aborto en El Salvador”.
“Las feministas insisten en vender el caso como aborto espontáneo, han dicho a la prensa internacional que Teresa fue condenada a 40 años de cárcel por sufrir una ‘complicación obstétrica’”.
Larín advirtió además que Martín Rogel Zepeda, el juez que otorgó la libertad a María Teresa Rivera, “ya había trabajado en conjunto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para liberar a una mujer condenada por infanticidio”.
Para la presidenta de VIDA SV, resulta “evidente que Teresa obtuvo libertad por razones políticas y no por verdadera justicia”.
Fuente: ACI Prensa
El 20 de mayo, el juez Martín Rogel Zepeda, del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, anuló la sentencia de 40 años que pesaba contra María Teresa Rivera desde 2011, por asesinar a su bebé recién nacido en su casa.
El caso de Rivera, como parte de la campaña “Las 17”, fue manipulado por las organizaciones promotoras del aborto en El Salvador desde 2014 para alentar la legalización de esta práctica en el país. Entre ellas están la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, financiada por Planned Parenthood, y Amnistía Internacional.
Sin embargo, las organizaciones defensoras de la vida en El Salvador coinciden con las autoridades locales en que ninguno de los 17 casos presentados en esa campaña es un aborto, sino que fueron asesinatos posteriores al parto.
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador anunció el 20 de mayo que apelará el fallo que liberó a María Teresa Rivera, pues “no tiene duda de los hechos que fueron vertidos en el juicio y que fueron confirmados por la Cámara y la Sala de lo Penal fueron lo que realmente sucedió”.
En un comunicado, la FGR reiteró su acusación de que Rivera “intencionalmente cortó el cordón umbilical a su bebé de unas 28 semanas de gestación, para luego lanzarlo con vida a la fosa séptica”.
“La fiscal del caso manifestó que la prueba testimonial, pericial y documental había establecido la autoría del delito de Rivera contra su hijo”, dijo la fiscalía.
En declaraciones a ACI Prensa, Carla Varaona de Lacayo, presidenta de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, reiteró que la mujer recientemente liberada “nunca fue procesada por aborto”, como han difundido los promotores de la legalización de esta práctica, y explicó que en ese país “no existe una pena de 30 o 40 años por aborto provocado”.
“Aunque siempre es un crimen, la pena por esta causa es de 2 a 8 años de cárcel y muchísimo menos por aborto espontáneo. No hay pena por esta causa”.
Varaona de Lacayo advirtió que la liberación de Rivera “es parte de una estrategia más del lobby abortista y otras ONGs internacionales para poder legalizar el aborto en El Salvador, ya que nuestra constitución defiende y respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
“Un país que tiene el aborto como parte de los derechos humanos, es un estado que va en decadencia y encaminado al suicidio, es una sociedad fracasada, que además le da la espalda a la mujer”, señaló.
Por su parte, Sara Larín, presidenta del movimiento VIDA SV, indicó que el caso de Rivera es instrumentalizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para “provocar una nueva bomba mediática en torno al aborto en El Salvador”.
“Las feministas insisten en vender el caso como aborto espontáneo, han dicho a la prensa internacional que Teresa fue condenada a 40 años de cárcel por sufrir una ‘complicación obstétrica’”.
Larín advirtió además que Martín Rogel Zepeda, el juez que otorgó la libertad a María Teresa Rivera, “ya había trabajado en conjunto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para liberar a una mujer condenada por infanticidio”.
Para la presidenta de VIDA SV, resulta “evidente que Teresa obtuvo libertad por razones políticas y no por verdadera justicia”.
Fuente: ACI Prensa
