Régimen de Nicaragua dejará de realizar elecciones y endurece la persecución cristiana
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país dejará de realizar elecciones, una decisión que endurece aún más su control sobre la nación. La declaración cancela en la práctica los próximos comicios, que estaban previstos para noviembre de 2027.
“Aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó Ortega durante un discurso ante sus seguidores en Managua. Al referirse a la posibilidad de que algún grupo opositor vuelva al poder mediante el voto, respondió de manera tajante: “Jamás, jamás, jamás”.
El anuncio fue realizado durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista, que en 1979 puso fin al gobierno de Anastasio Somoza. Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha cambiado la Constitución, debilitado a la oposición y concentrado el poder en las instituciones del Estado.
En enero de 2025, el Congreso controlado por el gobierno amplió el mandato presidencial de cinco a seis años. Las reformas también fortalecieron la posición de Rosario Murillo, esposa de Ortega, quien actualmente ejerce como copresidenta del país.
La falta de elecciones libres no es un problema nuevo en Nicaragua. En los comicios de 2021, varios de los principales candidatos opositores fueron encarcelados o apartados de la contienda. Ortega terminó declarándose ganador de una votación que fue cuestionada ampliamente por la comunidad internacional.
Mientras el gobierno cierra los espacios políticos, las iglesias también viven bajo una fuerte presión. Organismos que defienden la libertad religiosa denuncian arrestos arbitrarios, vigilancia, cierre de organizaciones, confiscación de propiedades y expulsión de líderes cristianos. Estas restricciones han golpeado tanto a comunidades católicas como evangélicas.
Durante 2025, al menos 55 líderes cristianos fueron detenidos y se registraron 309 violaciones contra la libertad religiosa, según un informe de Christian Solidarity Worldwide. Entre los abusos denunciados se encuentran amenazas, vigilancia policial y prohibiciones para realizar cultos y otras reuniones de fe.
Desde las protestas de 2018, el gobierno ha clausurado más de 5.000 organizaciones, muchas de ellas religiosas, y miles de personas han tenido que abandonar el país. Además, al menos 46 nicaragüenses permanecen encarcelados por motivos políticos, aunque el régimen niega la existencia de presos políticos.
Fuente: bibliatodo.com
.jpg){kind=avatar}
