Radio Milagro

Las autoridades rusas concluyeron que esta organización había violado los reglamentos y la legislación rusa respecto a la lucha contra las actividades extremistas.

El Ministerio de Justicia de Rusia ha solicitado al Tribunal Supremo del país que confisque los bienes de los Testigos de Jehová que se encuentren en territorio ruso, después de que el grupo religioso haya sido calificado como organización extremista.

Días atrás, la portavoz del Ministerio de Justicia, Svetlana Borísova, había declarado que el retiro de los bienes de una organización es un procedimiento común tras la liquidación de sus actividades.
Sede mundial de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York, hasta 2013 Un ex testigo de Jehová revela los secretos más íntimos del grupo religioso

Se ha destacado además que los Testigos de Jehová, una organización internacional con 8 millones de seguidores a nivel mundial —unos 175.000 en Rusia—, cometieron múltiples infracciones administrativas en este país, que incluye la difusión de literatura extremista.

En el mes de febrero de 2017, las autoridades rusas levaron a cabo una inspección no programada y concluyeron que esta organización había violado los reglamentos y la legislación rusa respecto a la lucha contra las actividades extremistas.

Fuente: RT

El Ministerio de Justicia de Rusia suspendió la actividad de la sede local de los Testigos de Jehová. La organización, nacida en EE.UU., ha sido incluida en la lista de entidades religiosas y públicas cuyo funcionamiento ha sido interrumpido por ejercer actividades extremistas.

Vasily Kalin, presidente del comité directivo de la sede rusa de los Testigos de Jehová comentó: “Si el Ministerio de Justicia se sale con la suya, los creyentes pueden enfrentarse [a penas de] hasta 10 años de prisión”, aseguró, y agregó que el reconocimiento de la organización como extremista conducirá a la confiscación de los bienes pertenecientes a la comunidad.

La sede principal de la organización está a cargo de la dirección de las filiales en el territorio ruso. A nivel regional, los Testigos de Jehová a menudo tienen problemas con la ley, se les imponen multas por posesión de materiales extremistas o se les ordena judicialmente el cierre de sus centros.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia ruso, en el periodo del 8 al 27 febrero se llevó a cabo una inspección no programada de su actividad que reveló que la organización viola reglamentos y contradice la legislación rusa en el campo de las acciones contra las actividades extremistas.

Muchos consideran a los Testigos de Jehová como una secta e incluso una ‘secta totalitaria’. “A diferencia de otras religiones, los Testigos de Jehová controlan duramente a los miembros de su comunidad, limitan sus derechos civiles, regulan todos los aspectos de su vida, los engañan durante en el reclutamiento y los explotan”, sostiene Alexánder Dvorkin, profesor y especialista en religiones, citado por RIA Novosti.

Fuente: bibliatodo.com

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto aprobó el proyecto de Libertad e Igualdad Religiosa presentado por la diputada Cynthia Hotton (Valores para mi País) en el Congreso.

La iniciativa legal, que -tras una ronda de consultas realizada por la secretaría de Culto- cuenta con el consenso de las principales asociaciones religiosas (más allá de reparos menores) y el beneplácito de la Iglesia católica, reconoce a los fieles -entre otras cosas- el derecho a “no ser obligadas a prestar juramento o hacer promesa según fórmulas que violenten sus creencias; a recibir asistencia de los ministros de su propia confesión en lugares de internación, detención o cuarteles, y a conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que, según su religión, se dediquen al culto”. La objeción de conciencia alcanza al servicio militar y el “homenaje activo a símbolos patrios”.

En cuanto a los ministros de culto, estarán “exentos de la obligación de declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio”. Y a los cultos se les reconocerá el derecho a tener instituciones educativas, hospitales, cementerios y medios de comunicación. Además, la inscripción en el Registro de Cultos (que pasará a llamarse Registro Nacional de Entidades Religiosos) dejará de ser obligatoria y los que no se anoten igual gozarán del derecho de asociación y de la libertad religiosa. Pero los que sí lo hagan recibirán beneficios impositivos, sus templos serán inembargables y sus ministros podrán ingresar a cárceles y hospitales para brindar asistencia espiritual.

La inscripción en el registro implica, de hecho, el reconocimiento de una personería jurídica religiosa, sin necesidad de ninguna otra inscripción o autorización. Este camino fue allanado con la modificación del Código Civil y Comercial, que incluyó a las confesiones religiosas en una lista de personas jurídicas privadas. Actualmente, los cultos -salvo la Iglesia católica- deben inscribirse como asociaciones civiles en la Inspección General de Justicia para responder a los requisitos legales. Esto siempre fue muy objetado por los cultos. En tanto, la Iglesia católica seguirá siendo una persona jurídica pública, sin necesidad de anotarse -como hasta ahora- en el registro.

El proyecto contempla también una serie de modificaciones al Código Penal para castigar a quienes impidan el libre ejercicio de la libertad religiosa, agredan por motivos religiosos o profanen tumbas, por lo que crea la figura de los “delitos contra la libertad religiosa y de conciencia”. Así, “será reprimido con prisión de dos a seis años quien por medio de violencia o intimidación: impidiere a un miembro de una confesión religiosa practicar actos de su culto o asistir a ellos; compeliere a otro a practicar actos de un culto o asistir a ellos; forzare a otro a seguir perteneciendo a la confesión religiosa que profesare”. Y se agravan las penas por hurto de objetos sagrados o ataque a un edificio religioso.

Además, “será reprimido con prisión de seis meses a dos años quien simulando ser ministro de una confesión religiosa ejerciere actos considerados propios de ese ministerio; quien agrediere de hecho o de palabra a un ministro de una confesión religiosa en ocasión del ejercicio de actos propios de su ministerio, o por el hecho de serlo; quien profanase un lugar de culto de una confesión religiosa, objetos considerados sagrados por ella, o un sepulcro o sepultura”. También “será reprimido con prisión de quince días a tres meses quien impidiere materialmente, o turbare, una reunión lícita con insultos y amenazadas”.

En rigor, el proyecto se basa en otros proyectos que, desde la vuelta a la democracia, trataron de reemplazar a la Ley 21.745, de la dictadura militar, que creó el Registro de Cultos, considerada policíaca. En los ’90, una de esas iniciativas llegó a ser aprobada por la Cámara baja, pero por la demora del Senado en tratarla perdió estado parlamentario. Ahora, el gobierno considera que debe volver a ponerse a consideración de los legisladores -con las mejoras introducidas- porque su ausencia constituye una rémora y hay consenso suficiente sobre su contenido entre las diferentes confesiones religiosas.

Ahora, el proyecto deberá someterse también al tratamiento de otras 3 comisiones: Legislación General, Legislación Penal y Comunicaciones e informática. El camino no ha terminado pero se están viendo los primeros pasos.

Fuente: Diario Clarín