Radio Milagro

Se distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, denuncia

La Iglesia católica de Bolivia rechazó hoy el proyecto de ley que debate el Parlamento y que establece varias causas que justifican un aborto, entre ellas la pobreza extrema, pero por una sola vez y hasta las ocho semanas de gestación.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) manifestó en un comunicado que la propuesta "distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad para delitos como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuese justificativo suficiente para violar cualquier ley".

"Este proyecto introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos", indica la nota leída por el secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa.

La reforma para tratar el aborto es parte del proyecto de nuevo Código del Sistema Penal del país, que estudia la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.

El artículo 157 del proyecto del código establece que la práctica del aborto no constituirá una infracción penal cuando sea solicitado por la mujer y se cumpla con varias condiciones de contexto.

El proyecto señala que el aborto puede practicarse "durante las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez", si la mujer se encuentra en situación de calle o pobreza extrema y no tenga recursos suficientes para la manutención propia o de su familia.

También plantea que puede aceptarse el aborto si la mujer es madre de tres o más hijos y no cuenta con recursos suficientes para su manutención o es estudiante.

Además, propone que la interrupción pueda hacerse en cualquier etapa de la gestión cuando sea necesario prevenir un riesgo presente o futuro para la vida o para la salud integral de la embarazada, y cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Actualmente, el aborto requiere permiso judicial para todos los casos, salvo cuando el embarazo resulta de una violación, incesto o estupro y cuando esté en riesgo la vida y salud de la madre.

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Bolivia, que es uno de los países en la región con mayor violencia sexual, calculan que a diario se realizan 185 abortos ilegales.

La Iglesia católica consideró que la interrupción del embarazo "violenta el cuerpo de la mujer, dejando graves secuelas en la psicología femenina, como el síndrome postaborto" con consecuencias "muchas veces irreparables".

"El Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos", señaló la CEB.

Los obispos bolivianos llamaron a los legisladores y la sociedad "a defender el derecho a la vida, que se ve seriamente amenazado con esta propuesta de reforma".


Fuente: ojo.pe

 El gobierno de Evo Morales impulsa una llamativa “eugenesia social”. La Iglesia católica habló de “colonización ideológica extranjera”. En los 70, la izquierda boliviana denunciaba el control de la natalidad como imperialista

Hay polémica en Bolivia por el proyecto de legalización del aborto que el gobierno promueve en el marco de una reforma del Código Penal, y que despenaliza esa práctica en "las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez", cuando la mujer "se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o sea estudiante".

El proyecto despenaliza además el aborto en "cualquier etapa de la gestación" en los casos en que haya riesgo para la vida o para "la salud integral" de la embarazada, "malformaciones fetales incompatibles con la vida", si el embarazo fuese fruto de una violación o en caso de ser la madre adolescente.

También ordena al Estado disponer los medios para que se puedan realizar estos abortos y en un rasgo absolutista prohibe alegar objeción de conciencia para no practicarlos.

Es sorprendente que sea el Gobierno de izquierda de Evo Morales el que vea en el aborto una solución a la pobreza. Lo que los nazis hacían por racismo ahora es promovido por razones de clase. Una concepción malthusiana digna del más salvaje capitalismo es sin embargo defendida en nombre del socialismo del siglo XXI.

Como era de esperar, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) reaccionó. "Como Iglesia y como sociedad digna no podemos aceptar estos supuestos; el Estado está obligado a crear políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las personas y políticas educativas de apoyo a la mujer embarazada y de prevención de la violencia para que la vida en nuestra sociedad sea posible para todos", señalaron los obispos en un comunicado, en el cual además de ratificar su defensa del "derecho a la vida", como "un derecho fundamental", recordaron las palabras del papa Francisco, en su visita a Bolivia, cuando exhortó "a proteger y cuidar a los más vulnerables" y "a trabajar por la vida y la dignidad de todos, especialmente de los más pobres".

Los obispos denunciaron que el proyecto "introduce una colonización ideológica extranjera que descarta a niños y niñas por nacer vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un supuesto camino para solucionar problemas sociales y económicos".

La CEB también denunció que "la propuesta distorsiona el sistema penal introduciendo la pobreza como razón de impunidad".

De hecho, pareciera que, para los promotores del proyecto, el aborto del hijo de un pobre es más aceptable.

Más allá de los argumentos religiosos, lo que impacta es la ruptura con la tradición de una izquierda boliviana, indigenista y nacionalista, y una rendición a los criterios economicistas para diseñar políticas sociales.

Una imagen del film ‘La sangre del cóndor’, que denunciaba el control de la natalidad como recurso contra la pobreza

Una imagen del film ‘La sangre del cóndor’, que denunciaba el control de la natalidad como recurso contra la pobreza

Es llamativo que las promuevan dirigentes que se dicen de tradición marxista, como si Marx no hubiese llamado proletarios a los obreros justamente porque la única riqueza del que nada posee son los hijos y por eso los pobres tienen una numerosa prole.

    En los 60 y 70, la izquierda denunciaba el control de la natalidad -hoy salud reproductiva- como imperialista

Hace tiempo que los gobiernos de países avanzados promueven, por lo general a través de ONGs internacionales y organismos supranacionales, el control de la natalidad —hoy "salud reproductiva" o "derechos reproductivos"— como solución a la pobreza. Esas políticas no han resuelto el problema del hambre en el mundo, como es evidente.

La diferencia es que antes, en los años 60 y 70, la izquierda latinoamericana denunciaba estas políticas como imperialistas. Ahora las promueve sin el menor pudor, olvidando al parecer aquello de la redistribución de la riqueza para alcanzar la justicia social.

Para más datos, fue justamente en Bolivia donde se filmó una película emblemática –La sangre del cóndor-, protagonizada por indígenas y hablada en quechua, y que denunciaba los programas de control de natalidad promovidos por ONGs extranjeras.

El director de la película, Jorge Sanjinés, es uno de los cineastas más reconocidos de un cine latinoamericano de denuncia. Su film, estrenado en 1969, denunciaba que un grupo de médicos de un "Cuerpo del Progreso" (en alusión al Peace Corps) estaba esterilizando a las mujeres indígenas, sin su autorización y bajo la excusa de darles asistencia médica. Los hombres y mujeres del pequeño pueblo donde ocurren los hechos empiezan a notar  que nadie está gestando niños y realizan ceremonias a la Pachamama. "Que nuestra cultura no se extinga", le piden a la madre tierra. El cacique local —que en la película actúa de sí mismo— empieza a sospechar, investiga y finalmente encara a los voluntarios extranjeros. La réplica de uno de ellos, tiene irónicas resonancias presentes, a la luz del proyecto promovido por el primer presidente indígena de Bolivia: "Sólo esterilizamos a las mujeres que tienen muchos hijos".

La película está inspirada en un hecho real y causó tanto impacto que poco después, en 1971, el Cuerpo de Paz fue expulsado de Bolivia por el Gobierno de Juan José Torres.

La sangre del cóndor "denuncia el genocidio de las razas inferiores", dice Stephen M. Hart en el libro A companion to Latin American Film. Otro cineasta boliviano, Alfonso Gumucio Dagron, dijo que "Yawar Mallku (La sangre del cóndor) es una parábola del imperialismo: el control de la natalidad extranjero fue un hecho real, (…) la mutilación médica es vista como símbolo de la intervención en Bolivia y en América Latina (…) y la esterilización también sirve como poderosa metáfora del silenciamiento de la cultura regional".

Hoy ya no hace falta intervención extranjera: un Gobierno que se ufana de representar al fin a las mayorías étnicas históricamente postergadas en Bolivia considera bueno promover que los pobres no tengan hijos.

Fuente: Infobae

La diputada Sandra Morán aseguró que junto con distintos colectivos prepara la socialización y presentación de una reforma al Código Civil del país que legalizaría la unión civil de personas del mismo sexo.

De acuerdo a la jefa del Bloque Convergencia, el país debería reconocer y garantizar los derechos de las familias constituidas por personas del mismo sexo debido a la falta de reconocimiento que estas tienen en situaciones de enfermedad, legalidad y muerte.

Morán aceptó que este tema controversial será fuertemente criticado por las personas conservadoras del país, que es un hecho que lamentó, pero indicó que “la sociedad no solo está conformada por esas personas sino que también hay personas que piensan distinto”.

La diputada urgió la modernización del Estado en temas de reconocimiento y apoyo a todos los ciudadanos y dijo que este podría ser un punto de partida para que Guatemala legitime los temas que garanticen los derechos de minorías.

“Sabemos que las personas que deciden conformar familias de este tipo se enfrentan a un contexto adverso en donde pueden ser catalogadas como familias clandestinas que no son reconocidas muchas veces ni por sus familiares y se enfrentan a la violencia y la discriminación, por lo que queremos darles un soporte legal”, explicó Morán.

UNIÓN DE HECHO COMO OPCIÓN

El analista político independiente, Hans Quevedo, aseguró que la legisladora debería medir el aspecto legal de un cambio de esa naturaleza y que a su criterio, una opción viable debido al panorama difícil de la propuesta, es incluir a estas parejas dentro del apartado de la unión de hecho.

“Antes de hacer una propuesta de estas se debería considerar las deficiencias y los temas que vendría a poner en la discusión pública. El país tiene muchos temas pendientes en materia social que no han sido apoyados y regulados y sabemos que este tema controversial no pueda ser bien recibido”, explicó.

Según Quevedo, debido al rechazo de la sociedad por la unión de estas parejas es mejor que se enfoquen los esfuerzos en lograr registrarlo dentro de la unión de hecho para luego avanzar desde ese punto.

“Lo importante es que la propuesta sea bien formulada y que logre el apoyo necesario para que se realicen los cambios, pues el panorama bien podría apuntar a que este tema se quede pendiente por varios años más”, opinó.

A su criterio, es necesario que este tema no se desgaste en la agenda del Legislativo, pues aún hay asuntos de mayor coyuntura pendientes de aprobación y que deberían ser tarea del Congreso.

“Por ser un tema fuerte y de controversia le recomendaría a la diputada que no agote los esfuerzos en donde todavía no se debería agotar, pues seguramente en unos años este tema se pueda ver y discutir de distinta forma en el país de cómo se podría hacer ahora” concluye.

Fuente: lahora.gt

Según el pastor Ezequiel Molina del Ministerio Batalla de la Fe, la medida traería una baja en los índices de delincuencia, y a su vez, paz para la nación caribeña.

En una multitudinaria concentración del Ministerio Batalla de la Fe, de la iglesia evangélica, el pastor Ezequiel Molina planteó la necesidad de legalizar la droga, para evitar más sangre y crímenes como han hecho otros países.

Dijo que existe mucha hipocresía en este sentido, porque a los comerciantes del narcotráfico no les conviene, que una situación de simple oferta y demanda reduzca los precios de los estupefacientes. Significó al mismo tiempo que los jueces tienen miedo de condenar a los capos, porque no hay autoridades que puedan proteger a sus familiares.

Además, agregó que hay mucha hipocresía y se preguntó ¿por qué no se legaliza la droga, al igual que los tantos vicios permitidos como el alcohol y el tabaco?, para enseguida responderse, lo que pasa es que hay un problema de oferta y demanda y si se legaliza baja de precio los empresarios quiebran.

El pastor evangélico responsabilizó, en otro contexto, a los padres irresponsables y sinvergüenzas por la cantidad de adolescentes embarazadas y las soluciones que como el aborto buscan, una vez tienen el problema planteado.

Es por ello que exhortó al pueblo de Dios y al pueblo dominicano a entrar en el orden divino de Jehová y abandonar el caos y el desorden que quieren imponer el narcotráfico y la inversión de valores.

“Hacemos un llamado al orden en el nombre del Señor. A los padres de familia, a los políticos, pues la ira de Dios está en camino contra los que abusan de su paciencia”. Pidió a los hombres de familia que sacrifiquen un poco de sus placeres y vuelvan a sus hogares a criar y formar a sus hijos.

Fuente: Listín

Con la propagación del virus, algunos países han notado un gran aumento en el número de bebés que nacen con microcefalia, un trastorno neurológico donde la cabeza de un bebé es significativamente más pequeña, de acuerdo con la Clínica Mayo. La condición no suele ser mortal, pero puede causar problemas de salud a lo largo de la vida del bebé. Debido a la posible relación entre Zika y microcefalia, algunos países están aconsejando a las mujeres a evitar el embarazo.

Los activistas del aborto están utilizando la crisis para impulsar la legalización del aborto, lo cual está prohibido actualmente en la mayor parte de América del Sur. El viernes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein hizo eco del llamamiento defensores del aborto ‘e instó a los gobiernos latinoamericanos para que aumenten el acceso a “servicios de salud reproductiva”, incluyendo el aborto, informó CNS News.

Los Centros para el Control de Enfermedades esestán instando a la gente a usar un método anticonceptivo o abstenerse de tener relaciones sexuales si viven o han viajado en 26 países y territorios con problemas de virus Zika. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote del virus como una emergencia de salud internacional. No existe una vacuna o cura.

Varios gobiernos de los países de América Latina han respondido a la crisis, instando a las mujeres a posponer el embarazo. Sin embargo, la disponibilidad de los anticonceptivos es limitado, especialmente en zonas rurales de América Latina, y las autoridades de la iglesia en la región católica romana en gran medida se oponen a su uso.

Uruguay y Cuba son los únicos países de América Latina donde el aborto es legal y ampliamente disponible. Otros países permiten esta práctica en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en peligro.

En Chile, la República Dominicana, Nicaragua y El Salvador, el procedimiento está prohibido por completo. Los cuatros han reportado casos de Zika, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Otros países de América Latina, entre ellos Colombia, es el segundo país con mayor número de casos Zika hasta la fecha. En Brasil, el aborto es permitido si la mujer ha sido violada, si su vida está en peligro o si el feto tiene anencefalia, en el que la parte del cerebro o el cráneo no se encuentra.

Se estima que entre 800.000 y 1 millón de abortos ilegales se llevan a cabo en Brasil cada año, y alrededor de 200.000 mujeres son hospitalizadas con complicaciones del procedimiento.

Fuente: tiemposprofeticos.org