Radio Milagro

PNC capturó en Quezaltepeque a Francisco Javier Angel Rodríguez, 22a por el delito de violación en menor incapaz.

Fuente: PNC El Salvador

Líderes pro vida de El Salvador se sumaron a las críticas de la Fiscalía General de la República contra el fallo de una corte salvadoreña, que dispuso recientemente la libertad de una mujer que asesinó a su hijo recién nacido.

El 20 de mayo, el juez Martín Rogel Zepeda, del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, anuló la sentencia de 40 años que pesaba contra María Teresa Rivera desde 2011, por asesinar a su bebé recién nacido en su casa.

El caso de Rivera, como parte de la campaña “Las 17”, fue manipulado por las organizaciones promotoras del aborto en El Salvador desde 2014 para alentar la legalización de esta práctica en el país. Entre ellas están la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, financiada por Planned Parenthood, y Amnistía Internacional.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de la vida en El Salvador coinciden con las autoridades locales en que ninguno de los 17 casos presentados en esa campaña es un aborto, sino que fueron asesinatos posteriores al parto.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador anunció el 20 de mayo que apelará el fallo que liberó a María Teresa Rivera, pues “no tiene duda de los hechos que fueron vertidos en el juicio y que fueron confirmados por la Cámara y la Sala de lo Penal fueron lo que realmente sucedió”.

En un comunicado, la FGR reiteró su acusación de que Rivera “intencionalmente cortó el cordón umbilical a su bebé de unas 28 semanas de gestación, para luego lanzarlo con vida a la fosa séptica”.

“La fiscal del caso manifestó que la prueba testimonial, pericial y documental había establecido la autoría del delito de Rivera contra su hijo”, dijo la fiscalía.

En declaraciones a ACI Prensa, Carla Varaona de Lacayo, presidenta de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, reiteró que la mujer recientemente liberada “nunca fue procesada por aborto”, como han difundido los promotores de la legalización de esta práctica, y explicó que en ese país “no existe una pena de 30 o 40 años por aborto provocado”.

“Aunque siempre es un crimen, la pena por esta causa es de 2 a 8 años de cárcel y muchísimo menos por aborto espontáneo. No hay pena por esta causa”.

Varaona de Lacayo advirtió que la liberación de Rivera “es parte de una estrategia más del lobby abortista y otras ONGs internacionales para poder legalizar el aborto en El Salvador, ya que nuestra constitución defiende y respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

“Un país que tiene el aborto como parte de los derechos humanos, es un estado que va en decadencia y encaminado al suicidio, es una sociedad fracasada, que además le da la espalda a la mujer”, señaló.

Por su parte, Sara Larín, presidenta del movimiento VIDA SV, indicó que el caso de Rivera es instrumentalizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para “provocar una nueva bomba mediática en torno al aborto en El Salvador”.

“Las feministas insisten en vender el caso como aborto espontáneo, han dicho a la prensa internacional que Teresa fue condenada a 40 años de cárcel por sufrir una ‘complicación obstétrica’”.

Larín advirtió además que Martín Rogel Zepeda, el juez que otorgó la libertad a María Teresa Rivera, “ya había trabajado en conjunto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para liberar a una mujer condenada por infanticidio”.

Para la presidenta de VIDA SV, resulta “evidente que Teresa obtuvo libertad por razones políticas y no por verdadera justicia”.

Fuente: ACI Prensa

Los investigadores tienen en su poder información que involucran a un pastor evangélico y a su familia con la red que dejó Crespín Fuentes. Según las pesquisas policiales, en febrero de 2009 el líder religioso inscribió dos sociedades comerciales.

El asesinato del hondureño Juan José Peña González, asentado en El Salvador desde abril de 2005 a quien se le conocía por el nombre de Pedro Crespín Fuentes, ha dado la pauta para que autoridades policiales salvadoreñas investiguen las supuestas actividades de narcotráfico, tráfico de personas y lavado de dinero que él y sus allegados efectuaban en El Salvador, según notificó el comisionado Howard Cotto, subdirector de investigaciones de la Policía.

Las investigaciones han comenzado a dar resultados, han afirmado otras fuentes policiales allegadas a la indagación, a tal grado que han detectado ya a varios de los más estrechos colaboradores que tenía Crespín, quien murió el 25 de abril al enfrentarse a balazos con Narciso Ramírez, alcalde de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán.

Los investigadores tienen en su poder información que involucran a un pastor evangélico y a su familia con la red que dejó Crespín Fuentes. Según las pesquisas policiales, en febrero de 2009 el líder religioso inscribió dos sociedades comerciales. En una de esas empresas, dedicada al ramo de la enseñanza, sus socios son la mujer, una hija de 20 años y dos hijos adolescentes.

La otra empresa se supone que se dedica al rubro de la publicidad.

Pero entre los miembros de la familia del pastor evangélico destaca una hija de este, una joven que a sus 21 años es accionista de una de las empresas de su padre y la representante legal de una sociedad dedicada al cultivo, comercialización y distribución de pescado y camarón.

Es en esa sociedad donde, según las fuentes policiales, aparece más claro el vínculo del pastor evangélico con los Crespín Fuentes. Las fuentes policiales sostienen que la sociedad tiene como domicilio el mismo cantón en el que está localizada la hacienda de “Los Catrachos”, en Sonsonate, y la única socia de la hija del pastor es Esperanza G., de 55 años, de origen hondureño, pero que se identifica también con un documento único de identidad salvadoreño.

De acuerdo con fuentes de El Diario de Hoy, las autoridades sospechan que Esperanza G. podría ser la madre de Juan José Peña González o Pedro Crespín Fuentes, pues, según documentos de identidad hondureños de Peña González, así se llama la madre de éste.

F: Diario de Hoy

Otro tema abordado por los jefes de Estado fue la migración, con la implementación de "acciones conjuntas" para una "mayor" integración centroamericana.

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, y su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, acordaron hoy en El Salvador crear un grupo "de alto nivel en materia de seguridad" para combatir la violencia.

Tras una reunión que duró poco más de una hora los mandatarios anunciaron la creación del referido grupo, el cual estará integrado por los ministros de Seguridad de ambos países, quienes serán capacitados para el desarrollo de las labores correspondientes a las nuevas funciones.

Sáchez Cerén, quien no brindó mayores detalles al respecto, dijo que "conscientes de que las acciones nacionales en materia de seguridad deben acompañarles acciones bilaterales y regionales, se ha reafirmado la importancia de establecer" ese mecanismo.

Además, aseguró que en la próxima reunión bilateral, los ministros de Seguridad deberán de suscribir un acuerdo para la implementación del grupo.

Por su parte, Morales, quien hace una visita oficial de un día a El Salvador, subrayó que el grupo "facilitará la coordinación e implementación de proyectos y actividades para el combate de la delincuencia organizada trasnacional, vinculadas a tráfico de personas y armas".

En el encuentro los mandatarios también abordaron los temas de facilitación de comercio, donde establecieron la creación de tres puentes, en diferentes pasos fronterizos entre ambas naciones, para "hacer más ágil el paso de comercio y de personas".

Asimismo, conversaron sobre los beneficios y "futuras" acciones a ejecutar en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad, de las cuales no se precisó.

Otro tema abordado por los jefes de Estado fue la migración, con la implementación de "acciones conjuntas" para una "mayor" integración centroamericana.

Esta es la primera visita oficial al extranjero que el presidente guatemalteco realiza luego de tomar posesión de su cargo el 14 de enero del año en curso.

La estadía de Morales en El Salvador incluye una reunión con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, una visita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la cripta del beato Óscar Arnulfo Romero y a la Embajada de Guatemala en el país centroamericano.

Fuente: elnuevodiario.com.ni

“Miranda es un riesgo para la estabilidad social altera el orden público, provoca zozobra e incluso puede causar confrontaciones”, afirman autoridades. Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua le prohíben la entrada a sus territorios bajo decretos oficiales.

El líder de la secta internacional “Ministerio Creciendo en Gracia”, José Luis De Jesús Miranda, que se hace llamar “El Anticristo”, tiene en alerta a todos los puertos fronterizos de Guatemala que impedirán su ingreso al país, según fuentes oficiales.

Las autoridades afirman que Miranda es un riesgo para la estabilidad social. “El pueblo de Guatemala es profundamente religioso y por la forma como se dirige a la gente altera el orden público, provoca zozobra e incluso puede causar confrontaciones”, dijo Raúl Arandi, director de Migración de Guatemala.

Jorge Batres, colaborador guatemalteco de Creciendo en Gracia se escuda diciendo que las autoridades violan derechos del líder religioso y ellos son pacíficos y respetuosos de las leyes.

No es único país que la ha dicho NO

La restricción del ingreso de Miranda fue solicitada por el Congreso guatemalteco en 2007, luego Honduras, El Salvador y Nicaragua le han prohibido la entrada a sus territorios.

Creciendo en Gracia” asegura tener más de mil seguidores en 30 países, principalmente América Latina. Su filosofía es que Jesucristo regresó a la Tierra en el cuerpo de Miranda, quien ha dicho que tuvo una revelación divina en 1976.

Las características de la secta es que sus integrantes se tatúan el número 666 en alguna parte visible de su cuerpo que supuestamente genera prosperidad. Algunos críticos dicen
que la secta obliga a sus fieles a entregar la mayor parte de su patrimonio, sin embargo los líderes de la secta niegan tal hecho.

El Congreso guatemalteco solicitó al Ministerio de Gobernación que impida el ingreso al país “a toda persona que pregone creencias contrarias a Dios y se autodenomine Anticristo”, según establece la resolución legislativa. Las autoridades entendieron que la sugerencia se refería específicamente Miranda y se le cerró la frontera. En Centroamérica las restricciones para el ingreso de Miranda se mantendrán por tiempo indefinido.

Fuente: BBC Mundo

“Penal de Ciudad Barrios es una prisión de máxima seguridad para los miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, o MS, ubicada en el sur de El Salvador”, cuenta el fotógrafo británico Adam Hinton a través de su sitio web. El hombre tuvo la valentía de entrar en el recinto para tomar fotos de algunos de los reos.

“La cárcel fue construida para 800 reclusos y actualmente alberga a más de 2.500. La prisión se ha convertido prácticamente en un recinto integramente para los pandilleros donde hay todo lo necesario. Tienen una panadería y servicios básicos”, explica Hinton, autor del libro ‘MS-13’.

“Al entrar en la prisión pronto te das cuenta de que no hay guardias alrededor. Ellos se quedan en el exterior y permiten a los pandilleros ejecutar actividades conjuntas, que lo hacen muy bien dadas las condiciones que tienen”, continúa.