Radio Milagro

Fiscalía investiga desviación de $16.000 millones de contratos de la alcaldía pasada otorgadosa feligreses de la iglesia cristiana Manantial de Amor de Bucaramanga.

Dos ataques contra pastores de la iglesia Manantial que dejó de Amor prendieron las alarmas de las autoridades.

El pasado 22 de junio de 2016 sicarios asesinaron al pastor Oscar Leonardo Rodríguez en la iglesia Manantial de Amor al norte de Bucaramanga, días después de que el diario Vanguardia Liberal revelara que feligreses de esta comunidad cristiana se quedaron con 16.000 millones en contratos de la administración en cabeza de Luis Francisco Bohórquez, cuyos familiares son fundadores de esta iglesia.

Luego de que el lunes pasado un hombre disparará contra la pastora Rocío Méndez, la esposa del fallecido pastor, la Fiscalía llegó la hipótesis de que existe relación entre estos ataques a los pastores y la celebración de los contratos de la administración pasada.

El director Seccional de Fiscalías en Santander, Carlos González, aseguró que la misma familia está ocultando pruebas de los casos, “La familia escondió de las autoridades un teléfono celular que tenía el pastor Oscar Leonardo Rodriguez en el momento que murió, alteraron la escena del crimen”.

Fuente. wradio.com.co

Polémico video de Rodolfo Gonzales lo deja muy mal parado

Luego de que la Fiscalía Penal de Turno Permanente de Lima decidiera investigarlo por haber sugerido en un discurso matar a miembros de la comunidad LGTB, el pastor Rodolfo Gonzales Cruz, líder del Movimiento Misionero Mundial en el Perú, negó sus palabras.

“En los 64 años de ministerio pastoral jamás he incitado, insinuado y mucho menos he mandado a matar a alguien”, afirmó el religioso en un comunicado, publicado en su página de Facebook.

Según Gonzales, la frase “si encuentran dos mujeres teniendo sexo, maten a las dos” y otras están referidas al Antiguo Testamento (Levítico 18 y 20).

Sobre la investigación que realizará el Ministerio Público, afirmó que “será un honor y privilegio dar defensa de su fe en las cortes humanas”.

Fuente: ojo.pe

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), confirmó que en los próximos meses citará a Cash Luna, líder de Casa de Dios,  para que aporte datos sobre la bandera nacional que donó la exvicepresidenta Roxana Baldetti. 

Según publicó Emisoras Unidas, el titular de esa fiscalía, Juan Francisco Sandoval, confirmó que se citará a Cash Luna para que brinde información sobre la donación del asta y la bandera que estaba en la sede de Casa de Dios y que habrían costado al menos 56 mil dólares.

Sandoval dijo que la reunión será para recabar datos sobre la forma en que fueron obtenidos los objetos en mención, pero no será una audiencia de imputación de hechos ya que no será frente al juez Miguel Ángel Gálvez.

Baldetti declaró en junio pasado durante la primera audiencia de declaración en el caso Cooptación del Estado, que fueron las autoridades de Casa de Dios quienes pidieron una bandera “igual a la que está en el Parque Central”, a lo que ella accedió por ser un lugar bastante concurrido.

La bandera fue retirada por la institución religiosa y la puso a disposición de las autoridades.

Fuente: soy502.com

Líderes pro vida de El Salvador se sumaron a las críticas de la Fiscalía General de la República contra el fallo de una corte salvadoreña, que dispuso recientemente la libertad de una mujer que asesinó a su hijo recién nacido.

El 20 de mayo, el juez Martín Rogel Zepeda, del Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, anuló la sentencia de 40 años que pesaba contra María Teresa Rivera desde 2011, por asesinar a su bebé recién nacido en su casa.

El caso de Rivera, como parte de la campaña “Las 17”, fue manipulado por las organizaciones promotoras del aborto en El Salvador desde 2014 para alentar la legalización de esta práctica en el país. Entre ellas están la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, financiada por Planned Parenthood, y Amnistía Internacional.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de la vida en El Salvador coinciden con las autoridades locales en que ninguno de los 17 casos presentados en esa campaña es un aborto, sino que fueron asesinatos posteriores al parto.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador anunció el 20 de mayo que apelará el fallo que liberó a María Teresa Rivera, pues “no tiene duda de los hechos que fueron vertidos en el juicio y que fueron confirmados por la Cámara y la Sala de lo Penal fueron lo que realmente sucedió”.

En un comunicado, la FGR reiteró su acusación de que Rivera “intencionalmente cortó el cordón umbilical a su bebé de unas 28 semanas de gestación, para luego lanzarlo con vida a la fosa séptica”.

“La fiscal del caso manifestó que la prueba testimonial, pericial y documental había establecido la autoría del delito de Rivera contra su hijo”, dijo la fiscalía.

En declaraciones a ACI Prensa, Carla Varaona de Lacayo, presidenta de la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, reiteró que la mujer recientemente liberada “nunca fue procesada por aborto”, como han difundido los promotores de la legalización de esta práctica, y explicó que en ese país “no existe una pena de 30 o 40 años por aborto provocado”.

“Aunque siempre es un crimen, la pena por esta causa es de 2 a 8 años de cárcel y muchísimo menos por aborto espontáneo. No hay pena por esta causa”.

Varaona de Lacayo advirtió que la liberación de Rivera “es parte de una estrategia más del lobby abortista y otras ONGs internacionales para poder legalizar el aborto en El Salvador, ya que nuestra constitución defiende y respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

“Un país que tiene el aborto como parte de los derechos humanos, es un estado que va en decadencia y encaminado al suicidio, es una sociedad fracasada, que además le da la espalda a la mujer”, señaló.

Por su parte, Sara Larín, presidenta del movimiento VIDA SV, indicó que el caso de Rivera es instrumentalizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para “provocar una nueva bomba mediática en torno al aborto en El Salvador”.

“Las feministas insisten en vender el caso como aborto espontáneo, han dicho a la prensa internacional que Teresa fue condenada a 40 años de cárcel por sufrir una ‘complicación obstétrica’”.

Larín advirtió además que Martín Rogel Zepeda, el juez que otorgó la libertad a María Teresa Rivera, “ya había trabajado en conjunto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto para liberar a una mujer condenada por infanticidio”.

Para la presidenta de VIDA SV, resulta “evidente que Teresa obtuvo libertad por razones políticas y no por verdadera justicia”.

Fuente: ACI Prensa