Cristianos en Colombia exigen protección para pastores tras una ola de asesinatos
La presión sobre los líderes religiosos en Colombia se volvió a encender tras una nueva campaña internacional que exige al gobierno restituir protecciones específicas para pastores y demás líderes de fe.
La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) lanzó la campaña después de que el gobierno colombiano modificara en 2023 el Decreto 1066 y el Sistema Nacional de Protección (SNP), retirando a los líderes religiosos de la lista de poblaciones con acceso directo a medidas especiales de seguridad. Desde entonces, las iglesias denuncian que pastores, sacerdotes y ministros quedaron más expuestos justo cuando la violencia contra ellos se ha hecho más visible.
El trasfondo más doloroso son los casos recientes de asesinatos de líderes cristianos en varias zonas del país. Entre 2024 y 2025 se reportaron muertes de pastores y miembros de iglesias en contextos de violencia armada, incluidos los ocho líderes religiosos asesinados en Calamar, Guaviare , cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa común luego de haber desaparecido en abril.
La Fiscalía señaló que esos cristianos fueron confundidos por un grupo disidente de las FARC con integrantes del ELN, lo que terminó en una masacre que dejó al descubierto la vulnerabilidad de comunidades enteras. Las víctimas incluyeron un pastor y siete personas vinculadas a iglesias evangélicas, y su asesinato provocó indignación dentro y fuera de Colombia.
La crisis no se limita a ese caso. También se recuerda el asesinato del pastor Marlon Lora, su esposa y sus hijos en Aguachica, así como otros ataques contra pastores en el norte del país, lo que ha llevado a organizaciones cristianas a hablar de un patrón de persecución y no de hechos aislados.
CSW sostiene que los cambios legales reducen la capacidad de respuesta estatal justo cuando más se necesita una protección clara. La campaña invita a firmar una petición que será presentada al ganador de las elecciones presidenciales, con el objetivo de que se restauren mecanismos concretos para quienes sirven a comunidades de fe en zonas dominadas por actores armados.
Reclamar por protección no es un privilegio, sino una demanda básica de justicia para hombres y mujeres que sirven a sus comunidades en medio del riesgo. Con estos ataques no solo sufre la Iglesia sino también el tejido moral y social de regiones enteras donde ellos funcionan como referentes de paz, consuelo y orden.
La exigencia de protección para los pastores llega en un momento en que la violencia ha golpeado con fuerza a iglesias y familias, y en el que las comunidades cristianas reclaman que el Estado vuelva a tratarlas como población vulnerable y no como un riesgo secundario.
Fuente: bibliatodo.com
.jpg){kind=avatar}
