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octubre 03, 2022

El pastor evangélico que abusó de su nieta y otras niñas fue condenado a 8 años de prisión domiciliaria

 


En un juicio abreviado por acuerdo entre las partes, Alejo Insaurralde, presidente de la iglesia La Asamblea de Dios, confesó los crímenes denunciados. El hombre abusó de su nieta entre los dos y los catorce años de la niña


—¿Acepta la existencia de los hechos denunciados? —preguntó el juez Guillermo Bustamante al pastor evangelista Alejo Insaurralde, sentado en el banquillo de los acusados frente a la denunciante de los crímenes, su nieta Mariana Vidal.


—Sí —respondió Insaurralde.


—¿Acepta haber cometido esos hechos?


—Sí.


De esta manera concluía un juicio abreviado por el que el acusado –quien ya había sido condenado a una sentencia en suspenso por abusar de una niña de doce años y sobre quien recaían más acusaciones que la Justicia consideró prescriptas por el paso del tiempo– fue condenado a ocho años y medio de prisión por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo familiar con la víctima y la relación de guarda que tenía con la víctima al momento de cometerse los hechos".


La sentencia se refería a los crímenes cometidos durante el período entre los dos y los catorce años de Mariana Vidal, nieta del pastor Insaurralde, cuando fue sometida repetidamente a abusos sexuales.


Antes de cada sesión de abusos, el pastor llamaba a su nieta con un silbido que ella sabía reconocer como santo y seña del delito al que iba a ser sometida.


"Recuerdo ese silbido, era como él me llamaba. Ese silbido retumba en mi memoria", declaró Vidal a Infobae al contar cómo había recuperado la memoria sobre esos acontecimientos, reunido con otras víctimas y decidido entablar una causa penal contra el padre de su madre.


Los hechos por los que se acusaba a Insaurralde describían una situación repetida de abuso en la que el pastor manoseaba a sus víctimas infantiles, les hacía tocar sus propios genitales y las penetraba con sus dedos. Siempre, antes había un silbido.


"Me siento muy liberada –dice Vidal a Infobae luego de asistir a la sentencia, a la que asistieron otras víctimas, sus compañeras de la agrupación Sobrevivientes del Abuso Sexual Infantil, su madre y su hermano y su pareja, entre otros–. La confesión de Insaurralde me saca una mochila tremenda. Durante años yo cargué con la responsabilidad de lo que había pasado. En estos casos se produce una traspolación de responsabilidades. Eso terminó. Que haya reconocido los hechos que cometió y que la responsabilidad caiga sobre él permite que pueda liberarme".


—¿Qué siente cuando el responsable de esos hechos es su abuelo y la condena recae sobre una persona con tal vínculo?


—Yo no lo considero mi abuelo. Ser abuelo no es una cuestión de sangre, sino una responsabilidad y una relación. Insaurralde no es mi abuelo.


Entre el público se encontraba Anabela Riat, otra de las víctimas de pastor y que fue de las primeras denunciantes en 2014, pero que vio sus denuncias caer porque la Justicia las consideró prescriptas por el paso de los años.


"Al verlo en el banquillo de los acusados al principio sentí escalofríos, pero después se convirtió en alivio –dice Riat a Infobae–. Fue una reparación por parte de la Justicia, que primero había desestimado nuestras denuncias y en ese sentido fue gratificante. En lo emocional, es muy reparador".


—Su denuncia había sido desechada, ¿cómo se considera en el engranaje de esta sentencia?


—Con Camila Carrión, que también concurría a la guardería que dirigía el pastor, hicimos las primeras denuncias y, aunque fueron desestimadas, luego formamos parte del proceso de agrupar más casos, entre ellos el de Mariana Vidal, y la acompañamos en todo este proceso. La condena que logró también es un alivio para las otras víctimas de esta persona.


—¿Cómo cree que recibió Viedma esta sentencia?


—En estos días escuché mucho que nos decían "valientes" por realizar la denuncia. Eso es algo que hay que superar, porque de otro modo la denuncia termina siendo un acto de heroísmo y no es así: es una necesidad. Hay que avanzar en aceitar los mecanismos para que estas situaciones puedan resolverse más rápido. Hoy demostramos que se puede hacer justicia.


Para la abogada Julia Mosquera "es una muy buena condena". "El juez hizo lugar a la prisión domiciliaria bajo su control aun cuando el acusado tiene domicilio en Buenos Aires –dice a Infobae–. Hoy está preso en un domicilio bajo custodia policial permanente hasta que se establezca el domicilio en Buenos Aires en el que cumplirá la condena. Tendrá una tobillera que permitirá conocer si viola la prisión domiciliaria y, en ese caso, cumplirá la condena en esta ciudad".


Alejo Ramón Insaurralde, preso por abusar sexualmente de su nieta y con denuncias de abuso a otras menores, tiene 79 años y acaba de ser condenado por sus crímenes. El silbido macabro con el que señalaba a sus víctimas que el abuso habría de comenzar hoy ya no podrá tener ese mismo fin. Serán, en todo caso, los silbidos de un condenado por la Justicia.


Fuente: infobae.com

junio 12, 2017

De guía espiritual a “traficante” de niños

El caso es aberrante y sorprende por la crueldad de los hechos denunciados. Pero la conmoción es mayor porque no sólo está en el centro de la escena una mujer, sino una religiosa japonesa, encargada de guiar espiritualmente a los niños más vulnerables del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. Kosaka Kumiko (42) se convirtió en la “monja mala”, la “entregadora”. El testimonio de las víctimas ha sido crucial para dejarla tras las rejas del penal de mujeres de Cacheuta, en medio de la montaña mendocina.

Inmutada y enfundada en su pulcra vestimenta gris, negra y blanca, Kumiko llegó a Mendoza desde Buenos Aires y declaró ante la Justicia durante nueve horas, después de un mes de estar prófuga.

La mujer negó todos los hechos, a pesar de estar acusada en tres casos. El testimonio que más sorprende es el de una joven de 17 años que aseguró que cuando tenía cinco le colocó un pañal tras ser violada por uno de los otros cinco imputados para ocultar el sangrado. Con sus razones, los chicos la bautizaron “la monja mala”. Es que aseguran que no sólo participaba activamente de los vejámenes sino que les gritaba y los maltrataba. Y en el peor de los casos, los entregaba, una vez que tenía estudiada a la víctima.

“No sabía nada de los abusos. Velaba por los niños”, dijo tajante ante el fiscal, que decidió imputarla, con una larga calificación: “Comisión por omisión del delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal, con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda, y por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.

Kumiko nació en Japón, pero tiene nacionalidad argentina. Es más, vive en Argentina desde los primeros años de vida. Llegó al país con su familia en 1977.

La mujer tiene a sus padres fallecidos y a pesar de contar con tres hermanos, no tiene relación con ninguno.

Uno vive en su nación natal, otro en Buenos Aires y el restante en España. El noviciado fue su elección cuando era muy joven y en el 2000 recibió los hábitos, bajo la Congregación de Hijas de María Santísima del Huerto, que tiene sede en la localidad de Eugenio Bustos, en el departamento de San Carlos, pero también en Buenos Aires.

De hecho, tras el pedido de captura internacional, Kumiko había sido vista por última vez en la localidad bonaerense de Bella Vista, en el partido de San Miguel donde impartía clases de catequesis. Hacía cuatro años que había abandonado Mendoza.

En tierra cuyana, trabajó sus primeros años en el colegio de referencia de la cofradía en el Valle de Uco. Luego, fue trasladada al Instituto Próvolo, en Luján de Cuyo, donde se encargaba de acompañar física y espiritualmente a las niñas que dormían en el albergue, la mayoría hipoacúsicas, quienes recién ahora se animaron a contar lo peor.

Esa tarea, donde ocurrió el horror, la realizó desde el 2004 hasta el 2012. Para las víctimas de la “monja mala” fueron ocho años sórdidos. A la espera del avance de la causa, Kosaka Kumiko enfrenta una pena que va de los 10 a los 50 años de cárcel.

Por Pablo Mannino