Radio Milagro

Dictan presentación periódica contra el sacerdote Juan Francisco de la Cruz, quien fue acusado de maltrato físico a menores de edad en la escuela Santa Cruz, de Villa Mella.

Le lanzaba piedras a su hija, a quien lesionó como forma de castigo.

Será acusada de los delitos de lesiones y maltrato infantil

La mujer asiste a una iglesia en la zona

Las autoridades policiales confirmaron la detención de una mujer de 47 años en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión, la cual es acusada del delito de maltrato infantil y lesiones.

La detenida fue identificada como Juana Bautista Sorto de Reyes quien, al parecer, pertenece a una iglesia evangélica de la zona.

El procedimiento se efectuó en la calle El Jiote, cantón El Pilón de dicha localidad. Ahí fue arrestada por personal policial.

Según la denuncia recibida, esta mujer lesionó a su hija de 8 años en la parte baja de la espalda y luego continúo atentando contra ella lanzándole piedras.

La pequeña fue llevada ante la PNC por su tía, quien denunció lo ocurrido.

Fuente: elblog.com

Sandra Amarilis Orozco Méndez, conocida como la sierva del mal, fue condenada a cuatro años con seis meses de prisión,  por los delitos de lesiones leves y maltrato contra menores de edad, por obligar a una familia a ayunar por 40 días,  el año pasado.

El Tribunal de Sentencia de San Marcos, halló culpable a Sandra Amarilis Orozco Méndez, de ser la responsable de haber obligado a cuatro hermanos y la mamá a no comer por 40 días. Este hecho  causó la muerte de la hermana mayor, de 27 años, además de haberlos agredido físicamente, por ello emitió la siguiente condena.

El más pequeño de las victimas aun tiene las cicatrices del maltrato que sufrió junto a sus hermanas y mamá.

Los tres menores que sobrevivieron a la desnutrición provocada por el ayuno, continuaron sus estudios que se interrumpieron el año pasado por ser obligados por la pastora conocida como la sierva del mal.

Fuente: guatevision.com

Habitantes de la comunidad La Piedra de la ciudad de Sosúa, denunciaron la situación de maltrato físico a la que es varias veces es sometido un niño de apenas de 3 años de edad por parte de su madre, el castigo es tan fuerte hasta el punto de que dos semanas atrás le lanzó un cardero de agua hirviente al niño.

De la misma manera, lo dejó sin curar a pesar de las rígidas quemaduras que le causó. La supuesta agresora ha sido identificada como Yoselin, de nacionalidad haitiana, al ser entrevistada, esta se negaba de sus acciones hacia su hijo y diciendo en múltiple ocasiones que no es la responsable, pero decenas de vecinos frente a ella la acusaron de someter al menor a salvajes castigos y que lo último que le hizo fue quemarlo y dejarlo sin curar.

El hecho llega hacer público debido a que las quemaduras del niño se habían infectado y era necesaria su inmediata atención médica, por lo que prácticamente obligada por los vecinos, la madre decidió llevarlo.

Fuente: cdn.com.do

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, llegó al Juzgado Cautelar Segundo en Quillacollo y pidió un expediente. No sabían que era una autoridad, no le respondieron el saludo y recibió maltrato. “Les he sorprendido y me han atendido mal, porque no me conocen dicen. Me trataron mal a mí y cómo será a la gente humilde, gente que no sabe hablar incluso castellano, sino solo quechua”, dijo.

La autoridad realizó una inspección sorpresa en los juzgados mixtos de Familia y en notarías de Quillacollo, en coordinación con el Consejo de la Magistratura y evidenció irregularidades.

Varios litigantes se acercaron a ella para hacerle denuncias verbales, entre las que conoció que a una persona le pidieron 300 dólares para que su expediente salga.

JUSTICIA ES GRATIS

Velasco aclaró que la gente no debe pagar a los funcionarios, ni taxis ni otros requerimientos porque eso “es corrupción”.

“Eso no es lo que dicen ellos, señora Ministra, si no no hacen nada”, denunció José Rodríguez explicando que realiza trámites hace dos meses. Velasco le pidió la denuncia oficial y, como a otras personas, le ofreció hasta su número de celular. “Llámeme para decirme qué funcionario cobra”, expresó.

“En Villa Tunari me han cobrado 100 bolivianos”, agregó Elizabeth León.

El encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Johnny Rocha, recalcó que los cobros sin papeleta valorada del Órgano Judicial son ilegales y que ninguna autoridad ni funcionario judicial puede pedir dinero en ningún caso.

Fuente: consuladodebolivia.com.ar

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil ejecutaron varios allanamientos en la 4a. calle y 4a. avenida de la zona 9.Las pesquisas en la zona 9 obedecen a una investigación en contra de una comunidad judía ortodoxa que habita varios inmuebles en ese sector. Como parte del operativo se desarrollan seis allanamientos en la capital y dos en Santa Rosa.

Según los fiscales que participan de las diligencias, se trata de un caso por maltrato infantil y se busca establecer la situación de los menores. En el caso se desarrollan la pesquisas preliminares, por lo cual la investigación se encuentra bajo reserva.

Extraoficialmente se indica que los niños bajo el cuidado de la comunidad viven en condiciones infrahumanas, por lo que se hace necesaria la intervención de las autoridades.

Otra versión indica que las autoridades buscan específicamente a una menor que tenía prohibición de salir de Israel, y que se supone habría ingresado a Guatemala para unirse a este grupo ortodoxo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) se encuentra en el lugar, a solicitud del Ministerio Público. La denuncia fue presentada a la recién creada Fiscalía de la Niñez y Adolecencia.

El procurador de la Niñez y Adolescencia, Harold Flores, explicó que se trata de una demanda en la cual se manifiesta la posibilidad de que unos 50 o 60 menores de edad, de entre algunos meses de nacidos y 17 años, podrían sufrir vejámenes.

En el operativo se encuentra un médico forense, quien revisará a los menores y determinará si existen indicios de violencia en contra de ellos, aseguró Flores.

De constatarse las agresiones, los agraviados podrían ser llevados a albergues de la PGN.

Algunos judíos manifestaron su rechazo a la acción de la Policía Nacional Civil, pues les impidieron llamar a sus abogados para que estuvieran presentes en las diligencias del Ministerio Público. Incluso señalaron que algunos agentes les amenazaron con dispararles si utilizaban el teléfono.
Expulsados de Sololá

El Consejo de Ancianos de San Juan La Laguna, Sololá, decidió en agosto de 2014 expulsar del municipio a unas 70 familias de la comunidad judía, las cuales estaban agrupadas en la organización Toiras Jesed y vivieron ocho años en esa localidad.

La decisión de expulsar a los judíos fue tomada por 75 miembros del Consejo, quienes representan a las 20 comunidades indígenas de San Juan La Laguna.

El Consejo de Ancianos justificó la expulsión de San Juan La Laguna porque supuestamente los judíos intentaban cambiar el pensamiento y la cultura del pueblo, y por eso se acordó que  personas en proceso de formación al judaísmo, pertenecientes a la secta Toiras Jesed, fueron denunciadas públicamente como personas racistas.

El Consejo sostuvo que el grupo realizaba algunas prácticas en contra la sana convivencia que siempre ha caracterizado al pueblo de San Juan La Laguna,  por ejemplo,  que  no responden al saludo de los vecinos y no socializan con la comunidad.

Además, hacían inmersiones en el Lago de Atitlán sin ropa,  una práctica que riñe con la cultura de la población juanera.

Fuente: prensalibre.com

Jacqueline Montero sufrió abuso sexual, maltrato y pobreza, sin embargo, decidió cambiar su vida y estudiar para ayudarse a ella y a otros.

Fue violada de niña, maltratada por su marido y ejerció la prostitución. Pero cuando Jacqueline Montero asuma como diputada en agosto, las trabajadoras sexuales tendrán una voz única en la legislatura, de una mujer que conoce de primera mano sus penurias y que está dispuesta a impulsar leyes llamadas a causar revuelo en esta nación mayormente conservadora.

Montero, de 46 años, se crio en la casa de una cuñada de su madre y fue violada numerosas veces de niña por un familiar. Se casó a los 16 años con un hombre que la golpeaba y terminó haciéndose prostituta.

Sé lo duro que es tener que salir (a buscarse la vida) porque tu familia no tiene comida; cuando una no tiene ni qué comer, una sale con el primero (hombre) que aparezca", dijo Montero

Desde la oficina de una organización de asistencia a prostitutas que encabeza, amueblada con lo básico y en cuyas paredes exhibe los diplomas que obtuvo tras dejar la prostitución y certificados de diferentes conferencias internacionales sobre trabajadoras sexuales a las que ha asistido, comparte que fue en 1998 decidió estudiar enfermería, mientras seguía ejerciendo la prostitución y comenzó a involucrarse en el activismo social al trabajar como pasante a una clínica que atendía principalmente a trabajadores sexuales y a población con VIH.

Jacqueline relata que debido a la violencia que sufrió por parte de un cliente, decidió que era momento de abandonar la prostitución, esto después de casi una década de servir a dicho oficio.

Montero tocó fondo y decidió cambiar su vida cuando recibió una paliza de un cliente que se negaba a usar condón y de un accidente vial que la dejó postrada en cama ocho meses. Profundamente religiosa, más adelante estudió la licenciatura en teología en la Universidad Cristiana, en donde se graduó en 2014.

Hoy es madre de 15 hijos, incluidos tres biológicos, dos de ellos de un cliente, y 12 adoptados cuyas madres biológicas son trabajadoras sexuales que pretendían abortarlos.

Ahora, después de una década de activismo y de haber sido regidora (concejal) en Haina desde 2010, espera aprovechar sus experiencias para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales desde el Congreso.

Montero, quien alcanzó la diputación por la provincia San Cristóbal como candidata del Partido Revolucionario Moderno, convertido tras los comicios de mayo pasado en la segunda fuerza política del país, trabaja en la actualidad en dos proyectos de ley para promover los derechos de las prostitutas y para crear oportunidades laborares a las mujeres jóvenes a fin de evitar que se involucren en el trabajo sexual, o para que quienes ya lo ejercen, puedan dejarlo con la garantía de tener una posibilidad de empleo.

Quiero que las compañeras (trabajadoras sexuales) tengan seguridad social, seguro médico" y sean beneficiarias de los programas gubernamentales de subsidios, narró compartir uno de los proyectos en los que trabaja.

Fuente: presencia.mx