Radio Milagro

Un supuesto pastor evangélico y una mujer fueron condenados a 15 y 5 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, tras ser encontrados culpables, como autor y cómplice, de violación sexual en perjuicio de varias mujeres de esta provincia.

Los sentenciados son Melvin David Quiroz (El pastor), a quien se le dictó 15 años, y Ana Rosmery Brito, cinco, quienes de acuerdo a la instancia presentada por el Ministerio Público, cometieron los hechos entre el 2016 y el 2017 en una casa del imputado, la cual utilizaba como “iglesia evangélica”.

Indica que Quiroz, fingiendo ser pastor, entre otras cosas, le manifestaba a sus víctimas al momento del abuso sexual “que Dios le había dado poder a través de su semen para sacarles los demonios y que toda mujer que le recibiere mediante acto sexual quedaría libre de pecados”.

La información fue suministrada a través de una nota de prensa, la cual indica que una de las víctimas expresó en audiencia que el condenado y su cómplice les dijeron que ella tenía un espíritu de enamoramiento y lesbianismo y que para despojarla de eso ella debía sostener relaciones sexuales con “El pastor”, según un mandato de Dios.

Los fiscales José Armando Tejada y José Vargas demostraron la culpabilidad de los imputados ante los jueces que integraron el tribunal, que preside el juez José Juan Jiménez.

Los imputados, quienes deberán cumplir las penas establecidas en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe, de Puerto Plata, y Rafey Mujeres, en Santiago, fueron acusados por el Ministerio Público de violar las disposiciones establecidas en los artículos 59, 60 y 331 del Código Penal Dominicano.

Fuente: hoy.com.do

El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados –ODHGV- anunció este martes que las seis familias que fueron víctimas de violación por parte del sacerdote Alberto Gil, en Juncalito, demandarán a la iglesia católica por RD$100 millones como indemnización.

El vocero de la ODHGV, Juan Alberto Francisco, explicó que las víctimas de aquel caso están siendo acompañadas, a través de asistencia jurídica y psicológica, pero hasta la fecha la iglesia católica no se ha referido a estos hechos.

Resaltó que con la demanda buscan lograr que la Iglesia sea condenada en responsabilidad civil y que más allá del resarcimiento económico, se logre garantizar que esa institución religiosa supervise a las personas que están bajo su responsabilidad.

“Cuando se le tocan las puertas al nuevo Arzobispo de Santo Domingo, lamentablemente la respuesta que nos da es que no conoce del caso y que lo va a analizar. Es imposible que con tantos años, la Iglesia no conozca este caso”, dijo.

Alberto Francisco destacó que es condenable que el lugar más seguro para una persona creyente de Dios, esté representada por sacerdotes que le hagan a los niños conocer el infierno en la tierra.

“Un equipo de abogados ha decidido acompañar a este grupo de personas y en los próximos días estaremos presentando una demanda en responsabilidad civil por daños y perjuicios a la Iglesia católica, porque ya basta de que cuando ocurre un hecho parecido, lo único que la Iglesia hace es desvincularse del sacerdote”, mencionó.

Además, el vocero de la ODHGV cuestionó el hecho de que la iglesia se comprometió en el año 2015 a dar asistencia a las víctimas y que todavía no se haya acercado a ellos.

“Condenamos enérgicamente éste y cada hecho de los que han ocurrido con sacerdotes”, mencionó.

El representante de las familias víctimas, Arcadio Rodríguez, dijo que este acto ha enlutado a por lo menos seis familias de Juncalito, a quienes el padre les mató la moral.

“Fue una situación lamentable y lo peor es que no se nos haya prestado la debida atención; porque muchos casos de estos han pasado más de una vez”, expresó.

Señaló que jamás imaginaron que un sacerdote de la iglesia a la cual pertenecen, podía cometer este tipo de hechos.

Un tribunal de Varsovia condenó en el año 2015 a Alberto Gil a siete años de prisión y una indemnización de 40 mil euros, luego de que se le incautaran más de 87 mil archivos de fotos y vídeos en la computadora que utilizaba en la parroquia eclesiástica a la que pertenecía.

Fuente: elcaribe.com.do

El Líbano dijo el viernes que presentaría una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la supuesta violación de su espacio aéreo en un ataque aéreo en un sitio militar sirio el jueves por la mañana, informó la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA).

La Presidencia dijo en una declaración que el Consejo Supremo de Defensa había encargado al ministro de Relaciones Exteriores, Jibran Bassil, protestar ante el Consejo de Seguridad por la última violación de Israel del espacio aéreo libanés.

Líbano dice que aviones de combate israelíes cruzaron el espacio aéreo libanés para atacar un puesto militar cerca de Hama.

La declaración de la Presidencia indicó que el consejo, durante la sesión encabezada por el presidente Michael Aoun, instruyó al ejército desplegar soldados de infantería a lo largo de las fronteras orientales.

El ataque aéreo atribuido a Israel se dirigió contra un centro militar y científico sirio en el que se producen armas químicas y bombas de cañón que han matado a miles de civiles sirios.

El ejército sirio amenazó el jueves con “consecuencias peligrosas” tras el ataque aéreo.

“Esta beligerancia es un descarado intento de elevar la moral de la organización terrorista ISIS, que se encuentra en un estado de colapso después de las aplastantes las victorias del ejército sirio contra el terror en más de un frente”, dijo el ejército.

“El agresivo ataque israelí podría tener consecuencias peligrosas sobre la estabilidad y la seguridad en la región”, agregó.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria exigió que el Consejo de Seguridad de la ONU condene las “reiteradas agresiones contra el país” por parte de Israel y “tome una medida inmediata y decisiva para detenerlas de conformidad con sus resoluciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo”.

Fuente: Arutz Sheva 

Consideran que Israel actuó de manera “no solamente desproporcionada en las circunstancias” que prevalecieron entonces, sino también recurrió a “niveles de violencias totalmente inútiles e increíbles”.

La misión de investigación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ha estimado que hubo una “violación grave de los derechos humanos”, en el ataque a la “flotilla humanitaria” que procuraba ingresar a la franja de Gaza, pero que más bien desató, la muerte de varias personas.

Según esta indagación existen “pruebas” para “sostener un proceso” contra Israel por el abordaje de la flotilla en dirección a Gaza por la marina israelí a fines de mayo.

“Hay pruebas claras que permiten sostener un proceso por los siguientes crímenes: homicidio intencional, tortura o tratamientos inhumanos, hecho de causar intencionalmente graves sufrimientos o heridas graves”, redactaron los investigadores en su informe final publicado ayer y que será presentado el próximo lunes al Consejo de los Derechos Humanos.

“Los autores de los crímenes más graves habiendo actuado enmascarados no pueden ser identificados sin la asistencia de las autoridades israelíes”, resaltaron los expertos, pidiendo al Gobierno de Israel que coopere para permitir su “identificación para encausar a los culpables”.

El meollo del asunto es que el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siempre rechazó la idea de que hubiese una doble investigación.

La del Consejo “se concentrará en las cuestiones de los derechos humanos”, afirmó el presidente, el embajador de Tailandia Sihasak Phuangketkeow.

Sin embargo, debido a la fiesta del Sukkot, ningún portavoz del ministerio israelí de Relaciones Exteriores pudo ser contactado.

“Las circunstancias de los homicidios de al menos seis de los pasajeros corresponden de cierta manera a una ejecución extrajudicial, arbitraria y sumaria”, condenaron los investigadores. Señalando la “conducta de las fuerzas armadas de Israel revela un nivel inaceptable de brutalidad” y “graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

Consideran que Israel actuó de manera “no solamente desproporcionada en las circunstancias” que prevalecieron entonces, sino también recurrió a “niveles de violencias totalmente inútiles e increíbles”.

Consejo de los Derechos Humanos, votó el 2 de junio, aprobando la creación de una comisión internacional independiente destinada a examinar “los graves ataques efectuados por las fuerzas israelíes contra la flotilla humanitaria” el 31 de mayo, que dejaron nueve muertos entre los pasajeros turcos y generaron una ola de reprobación internacional.

En julio Israel había defendido ante el Comité de los Derechos Humanos de la ONU su derecho a ejercer “represalias” contra todo navío que intentase “violar” el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. Pero los expertos rechazan este argumento, estimando que el “bloqueo es contrario a la ley” y que en la fecha del 31 de mayo “existía una crisis humanitaria en Gaza”.

Para elaborar este informe, los expertos escucharon los testimonios en Turquía, Jordania, Ginebra y Londres. Su nominación, el 23 de julio, había sido inmediatamente criticada por Israel que juzgó, según un alto responsable israelí, que tal iniciativa era prematura dado el hecho que el país procedía a sus propias investigaciones.

Los expertos nombrados por la ONU son Karl Hudson-Phillips (Trinidad y Tobago), juez ante la Corte Penal Internacional de 2003 a 2007; Desmond de Silva (Reino Unido), fiscal en jefe del Tribunal Especial para Sierra Leona en 2005, y Mary Shanthi Dairiam (Malasia), del grupo de trabajo sobre la igualdad de sexos del Programa de la ONU para el Desarrollo.

F: AFP

Desde hace tres semanas, un militar y un excomisionado militar están sentados en el banquillo de los acusados en un proceso abierto por Yassmin Barrios. Es el caso sobre los hechos acaecidos en el destacamento guatemalteco de Sepur Zarco.

Julia Coc, testigo once, declaró que su hija y dos nietas fueron detenidas extrajudicialmente y asesinadas por los soldados en 1982. Dijo que le hicieron mucho daño al cuerpo de su hija cuando la violaron. En la exhumación encontraron pelo, ropa y huesos de sus hijas y “de mis nietas solo hallaron los calzoncitos, sus huesos eran polvo”. Después de matar a su hija a ella la obligan a que le dieran comida a lo soldados.

Otra sobreviviente contó cómo a su esposo lo detuvieron, cómo ella fue violada por cuatro soldados y cómo sus hijos murieron porque no tenían comida.

Mateo Rax Maquín vio cómo torturaban a otros comunitarios, les cortaban las orejas y el cuello. Se escapó cuando torturaban a otra persona y de su comunidad fueron ejecutadas 20 personas y vio cómo torturaron a tres.

Marcos Tut (73 años), testigo doce, “los soldados llegaron y empezaron a agarrar a las personas en las comunidades y en los caminos. Se los llevaban a los destacamentos”. Dijo que a las mujeres les hacían mucho daño.

Domingo Tzup, testigo trece, declaró cómo detuvieron a su padre y lo mataron. Argumentó que el conflicto comenzó cuando solicitaron tierra en Sepur Zarco.

Testigo catorce declaró que los militares lo obligaron a vigilar las comunidades, vio cómo mataron a una señora llamada Minga junto a sus dos hijas.

Vicente Choc, testigo quince, dio su testimonio sobre el trabajo forzado que realizó en Sepur Zarco, sin agua y sin comida.

Testigo 16, Domingo Choc, mataron a su padre. Atestigua represión, desapariciones, extrajudiciales, tortura y violencia sexual. “Yo me quedé pobre por culpa de los soldados. Estoy muy triste porque no tengo papá. Lo mataron en Sepur Zarco”.

“Los siete hombres asesinados en Sepur Zarco fueron señalados de guerrilleros. El teniente Esteelmer los convocó y ya no se supo de ellos”.

Sobreviviente declara que vio cuando los soldados se llevaron a su esposo a Tinajas, a quien acusaron de dar comida a los de la montaña. Lo mataron.

Sobreviviente narró que llegó al destacamento a preguntar por su esposo, los soldados la detuvieron por la fuerza y la violaron varias veces”.

“Nos obligaban a hacerles la comida y nos violaban. Por eso es muy doloroso”.

“Nos mandaban al río a lavarles su ropa y nos perseguían. Ahí nos violaban”.

“Los soldados convocaron al pueblo a la hacienda de Tinajas, en julio de 1982. Varios hombres y a no regresaron; entre ellos mi esposo”.

“Los soldados iban a la montaña y cuando regresaban pasaban por mi casa. Atrás había un camino, creo que por eso siempre pasaban”.

“No me acuerdo cuántos me violaron porque quedé desmayada. Quedé muy dañada de mi cuerpo, sangraba mucho”.

“Ahí tenían lugares. Tenían cuartos y ahí nos jalaban. A veces eran 3, 4 o 5 (los soldados que la violaban en el destacamento”.

“Si no me dejaba me decían que me iban a matar. A veces uno me sujetaba y otro me ponía un arma en el pecho”.

Estos son los testimonios de los días tercero, cuarto y quinto de un juicio histórico para Guatemala. El caso 'Sepur Zarco', que arrancó el 1 de febrero de 2016. Se refiere a una comunidad en el límite entre Izabal y Alta Verapaz (Guatemala), y en cuya base militar, aseguran los testimonios de varias mujeres q’eqchi’ haber vivido violencia y esclavitud sexual a manos de las fuerzas armadas guatemaltecas. Desde hace una semana, un militar y un excomisionado militar están sentados en el banquillo de los acusados en un proceso abierto por Yassmin Barrios, la jueza que se atrevió a juzgar a Efraín Ríos Montt. Para las once mujeres q’eqchi’, testigos en el juicio, la justicia ordinaria es una forma para sanar.

¿Por qué es relevante este juicio? Porque después de 34 años de esperar justicia, por primera vez se juzgan delitos de trascendencia internacional en un tribunal nacional, tales como la esclavitud sexual, la esclavitud doméstica y la violencia sexual. Por estos tres delitos contra once mujeres, así como por el asesinato y tratos inhumanos a tres mujeres (una madre y sus dos hijas), está siendo juzgado el ex teniente coronel del ejército de Guatemala Esteelmer Francisco Reyes Girón. A Heriberto Valdez Asig, ex comisionado militar, se le acusa de delitos de desaparición forzada de seis hombres y por delitos contra los deberes de humanidad en su forma de violencia sexual contra una mujer.

Para las once mujeres q'eqchi', un proceso de justicia como éste es una manera de levantar su voz, una voz que en la esfera pública frecuentemente no tiene legitimidad y es monopolizada por otros. Su participación contribuye a la construcción de una nueva identidad. Las mujeres indígenas han sido representadas en el imaginario dominante como pasivas y sumisas, en este juicio son actoras y constructoras de su propia historia.

Los años ochenta, época del despojo

Los años ochenta fueron una época de desposesión de las tierras y de violencia sexual masiva y generalizada hacia las mujeres q'eqchi' que vivieron dobles y triples despojos. Entre 1982 y 1983, Guatemala vivió un periodo dominado por la oligarquía militar pero también de intensas luchas por los territorios. En aquella época, un grupo de hombres, que habían hecho trámites para obtener títulos de tierras en Ciudad de Guatemala, regresó a su comunidad. Basándose en una lista, fueron detenidos y desaparecidos de sus propios hogares. Según los testimonios de las mujeres, esposas de estos hombres, durante dichas detenciones, ellas fueron violadas y afectadas por el secuestro de sus esposos por parte de las fuerzas armadas del país. De acuerdo a los testimonios de estas mujeres, muchas fueron obligadas a vivir alrededor del destacamento de Sepur Zarco, que no era la única base militar que estaba en esa región.

Así, por ejemplo, lo refleja la declaración de una sobreviviente de 70 años que estuvo seis años en la montaña, donde perdió a cuatro de sus hijos, una de ellas cuando estaba embarazada. “Es verdad lo que viví. No lo estoy inventando. Les digo la verdad. Es muy doloroso y tengo gran tristeza por lo que viví… Me duele mucho lo que estoy contando”. “Don Canche (Heriberto Vázquez) llegó a nuestras comunidades y llevó a los militares”.

El hijo de 10 años de la sobreviviente fue testigo de la tortura a la que los soldados sometieron a su padre en el destacamento de Tinajas”. Otra sobreviviente narró cómo tres soldados la violaron en su casa: “Me agarraron de las manos y me tiraron al suelo”. “Yo vivía lejos del agua. Cada vez que iba a traer agua me perseguían. Una de esas veces me sujetaron y tiraron mi tinaja”. “No quería que lo hicieran. Me tiraron en la tierra y ahí me violaron. Mi hijo de 4 años lo vio, pegaba de gritos de miedo”.

Según todas las personas que se escucharán en el proceso del debate, el destacamento Sepur Zarco estaba destinado al descanso de la tropa, lo que implicó además que las mujeres, cuyos esposos habían sido desaparecidos, fueran consideradas como viudas y por tanto disponibles. Así fueron sometidas a esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual continuada.

Así lo determinaron los peritos en el proceso. Carlos Peláez, primer perito explicó que las relaciones de poder y dominio en el área de Polochic son una reminiscencia de la colonización española: “Las mujeres eran usadas para el campo, para la cocina y para la cama”. Añadiendo que “los indígenas y campesinos no eran considerados personas, sino únicamente brazos para trabajar”.
La violación sexual como arma de destrucción

La violencia sexual hacia las mujeres ha sido históricamente una agresión en la que el género ha sido un foco y meta de la agresión feminicida y femigenocida (según la definición de Rita Segato). Según los informes de Memoria Histórica, el ejército utilizó la violación sexual como arma de guerra en una dimensión masiva y generalizada, utilizando el cuerpo de las mujeres como forma para conquistar los territorios. En estos mismos informes, se estima que treinta mil mujeres fueron víctimas de violencia sexual, la mayoría de mujeres mayas y que estos actos fueron cometidos por agentes del Estado.

Para Aura Marina Yoc Cosajay, investigadora y activista feminista guatemalteca, la violación sexual “es utilizada como estrategia para romper tejidos sociales, comunitarios y quebrantar el honor del enemigo, sometiendo a los pueblos a través del cuerpo de las mujeres, por el impacto humillante y desmoralizador que tiene en los grupos sociales y en particular en los hombres”. La esclavitud sexual a la que fueron sometidas miles de mujeres en Guatemala es un crimen de guerra que se combinó con la ideología racista reflejada en los planes de seguridad. “Las mujeres víctimas de violencia siguen siendo estigmatizadas y son culpadas de la violencia sexual sufrida”, declaró Mónica Pinzón González en el décimo día de sesiones en el juicio.
Esclavitud doméstica

Existe una documentación de la parte querellante de este juicio como prueba de que durante seis meses las mujeres hacían turnos cada tres días dentro del destacamento para atender a los soldados. De manera forzada, las mujeres se dedicaban también a lavar los platos, la ropa, cocinar, barrer y atender a los soldados. Todas estas labores son trabajo, este trabajo no era remunerado y además era forzado. Históricamente se ha naturalizado que este tipo de tareas es una obligación de las mujeres y por tanto no cuentan con el reconocimiento que corresponde. Pero estas labores son trabajo y la esclavitud doméstica también es violencia.

Durante años, las mujeres de Sepur Zarco han guardado silencio por el temor de tener al ejército en sus comunidades. Después de los acuerdos de paz, hubo un acompañamiento psicosocial para que las comunidades comenzaran a hablar de lo que sucedió. En 2010, las organizaciones de mujeres organizaron el tribunal de conciencia de violencia sexual hacia las mujeres que era un acto de justicia simbólica para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala, no solo de Sepur Zarco sino de otras regiones del país. Sin embargo, las mujeres de Sepur Zarco decidieron dar un paso más allá y fueron por la vía de la justicia formal. En septiembre 2011, se realizó la primera querella penal que se presentó para iniciar el proceso de este juicio a través de la vía de la justicia ordinaria.

A más de treinta años de los sucesos, las mujeres q’eqchi’ han levantado la voz para denunciar las atrocidades del horror en este juicio sin precedentes. La justicia para ellas significa que se sepa qué fue lo que pasó, que se sepa su verdad y que la sociedad sepa que no fue su culpa, ya que la violencia sexual activa mecanismos en los que las mujeres, además de todo, cargan muchas veces con un peso moral. Es posible que este juicio, como el de Rios Montt, sea anulado porque la parte acusada aportará pruebas sobre cuestiones formales pero, sin duda, este juicio sienta un precedente en la justicia guatemalteca para que los crímenes sexuales no se vuelvan a repetir. El hecho de que las mujeres hagan públicos sus testimonios es una forma de justicia que sana.

Fuente: diagonalperiodico.net